Arpaio ejecutó nueva redada
200 agentes arrestaron a 29 inmigrantes

Univision.com/EFE

PHOENIX - En una nueva operación policial, el denominado alguacil “más duro” de Estados Unidos, Joe Arpaio, detuvo a 29 personas en una nueva redada de inmigración en el Condado de Maricopa, Arizona.

Cargos diversos

Durante una rueda de prensa, el polémico jefe policial detalló que 18 de los 29 arrestados eran sospechosos de tráfico humano, y que uno de los presuntos inmigrantes indocumentados fue entregado a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Arpaio estimó que el detenido será puesto en proceso de deportación.

Los otros 28 inmigrantes detenidos por los hombres de Arpaio fueron trasladados a cárceles del condado bajo diversos cargos que van desde manejar con una licencia de conducir suspendida hasta tráfico humano.

El reporte entregado por Arpaio señaló que entre los detenidos se encuentra Bertha Barrios, sobre quien pesan cargos de tráfico humano y lavado de dinero.

Varias denuncias

Una de las redadas del alguacil afectó las instalaciones de la compañía Airport Enterprises Inc., tras denuncias de que varios de los trabajadores del lugar eran inmigrantes sin papeles que usurpaban la identidad de otros.

Arpaio dijo que en ese lugar fue detenida una persona.

En el operativo participaron unos 200 agentes de la oficina de Arpaio. La Agencia Española de Noticias (Efe) reportó que por primera vez helicópteros fueron utilizados en un operativo de esta naturaleza que nuevamente atrajo la presencia de grupos que se oponen y critican las acciones del alguacil.

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Datos dispersos

Arpaio declaró que los indocumentados están cambiando sus tácticas para tratar de burlar la vigilancia de las autoridades, y dijo que "los contrabandistas tratan de pasar desapercibidos 'disfrazando' las casas de seguridad que utilizan para no levantar sospecha, inclusive, las están adornando con motivos navideños".

Sin revelar mayores detalles, Arpaio dijo que sus oficiales se concentraron en detener autos y camionetas sospechosas de transportar indocumentados.

El policía no especificó el criterio usado para ello.

Menos poderes

A comienzos de octubre el gobierno federal de Washington le quitó a Arpaio poderes extraordinarios que le había otorgado en 2008 y le exigió que aceptara nuevas normas para proceder al arresto de indocumentados, entre ellas no detener a personas en la vía pública por su perfil racial.

A su vez, el polémico policía, a quien organizaciones nacionales y de derechos civiles tildan de antiinmigrante, enfrenta varios juicios por sus procedimientos de arresto.

Pero pese a las limitaciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las demandas judiciales, Arpaio asegura que sigue arrestando a indocumentados en su jurisdicción.

"Nada ha cambiado y nada cambiará", respondió Arpaio, quien adelantó que sigue preparando operativos.

Leyes locales

Arpaio se justifica señalando que los arrestos se hacen bajo las leyes estatales de Arizona (en particular la denominada ley anticoyote), las cueles le permiten detener a indocumentados que acepten haber pagado a traficantes para ser traídos de manera ilegal a los Estados Unidos y bajo la ley estatal de sanciones a empleadores.

"Continuaremos arrestando personas con identificaciones falsas y seguiremos haciendo redadas en sitios de trabajo", advirtió en octubre.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno federal activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración que faculta a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a lograr acuerdos con las agencias de policías locales -estatales y municipales- para ayudar en poner freno a la inmigración ilegal.
Bajo investigación

Paralelo a los juicios entablados en su contra, Arpaio está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que lo acusó de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.

Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado en julio, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.

La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

Ejemplo extremo

Omar Jadwat, abogado del programa de Inmigración de la ACLU, dijo que la oficina del alguacil de Maricopa encarna "todos los problemas" que tiene el plan 287(g), incluidos los arrestos por perfil racial, detenciones contraproducentes, disminución de la seguridad pública y la supervisión federal insuficiente.

"Arpaio es uno de los ejemplos más extremos de un funcionario policial que abusa de su poder y actúa al margen de la Constitución", comentó Alexandra Soler, directora de la ACLU en Arizona.

Agregó que la conducta de Arpaio obliga a poner fin al acuerdo firmado entre el DHS y la oficina del alguacil.

En agosto, la ACLU y otras 521 organizaciones locales y nacionales que defienden los derechos civiles y de los inmigrantes enviaron una carta al Presidente Barack Obama pidiéndole que ponga fin al Programa 287(g), un plan que, aseguraron, ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

Miedo en Maricopa

"La gente tiene mucho miedo, no quieren salir a trabajar cuando el alguacil está llevando a cabo sus operativos", dijo Manuel Ruiz, jornalero y residente de Phoenix.

Aseguró que aunque él si cuenta con sus "papeles" en regla, hay muchos que no los tienen por lo que temen ser detenidos por los agentes del alguacil.

Este es el segundo operativo de esta naturaleza que realiza la oficina del alguacil Arpaio desde que las autoridades federales le retiraran la facultad de actuar como agente de inmigración en las calles bajo el programa federal 287(g).

Oficialmente es el operativo número 13 que Arpaio ejecuta desde marzo de 2008, desde cuando se han arrestado a 3,532 sospechosos de tráfico humano o inmigrantes indocumentados.